“Las políticas públicas sobre drogas mejorarían sus resultados con una mayor participación en ellas de la población adolescente”.

Fermín Barceló. Director de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko

Recientemente, la Oficina del Ararteko publicaba el informe titulado El papel de las instituciones vascas respecto al consumo de drogas de la adolescencia. Para conversar sobre las principales conclusiones del informe conversamos con Fermín Barceló, Director de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko-Defensoría del Pueblo del País Vasco.

¿Cómo calificaría la situación de Euskadi en relación al abuso de drogas por parte de las personas menores?

Como una situación preocupante, que afecta al derecho a la salud de las personas menores, sobre la que se lleva años trabajando con múltiples iniciativas y programas y sobre la que se debe seguir trabajando, cada vez con mayor acierto y mejores resultados.

¿Y la repercusión sobre las personas menores del abuso de drogas por parte de las personas cuidadoras?

Todos sabemos que los valores y las actitudes básicas ante la vida se transmiten, principalmente, mediante el ejemplo. El mal ejemplo de las personas adultas –sobre todo de las más cercanas e influyentes- respecto a posibles abusos en el consumo de drogas tiene, sin duda, una repercusión directa y negativa sobre la actitud de las personas menores ante las drogas. En ese sentido, las prácticas de la población adolescente deben valorarse en el contexto social en el que se manifiestan. Demonizar los consumos de las personas menores mientras se admiten como normales los consumos de las mayores no deja de ser una contradicción, una incoherencia, de efectos perversos.

Si bien el consumo de drogas acostumbra a presentarse como un asunto de salud y de convivencia, cuando hablamos de menores no podemos sino hablar de vulneración de sus derechos. ¿Qué principios básicos deberían recoger las políticas públicas para promover tales derechos, también en este ámbito?

El derecho más directamente afectado por los consumos de drogas –especialmente por los consumos de grave riesgo- es, sin duda, uno tan básico como el derecho a la salud. Pero también hay otros derechos implicados: el derecho a una información veraz, por ejemplo, o el derecho a ser oído y a que se tomen en consideración sus opiniones. Como se recoge en nuestro informe, la población menor de edad desea información, pero quiere recibirla de forma activa, participativa. Las políticas públicas, seguramente, mejorarían sus resultados con una mayor participación en ellas de la propia población adolescente.

El informe recientemente publicado por el Ararteko señala la facilidad con la que las personas menores acceden a las drogas ilegales. ¿Qué valoración le merece tal situación?

La facilidad con que las personas menores acceden a las drogas, como a otros productos, es consecuencia de la sociedad en la que vivimos: una sociedad de consumo, que prima el placer inmediato o los beneficios económicos sobre otras consideraciones. En lo que respecta a las drogas ilegales, además, mantiene posiciones con fuertes contradicciones entre lo que establece por ley y lo que consiente en la práctica. El caso más claro es, seguramente, el cannabis, cuyo consumo entre adolescentes está banalizado.

La droga de la que más abusan las personas menores es el alcohol. ¿Qué cree que deberían hacer nuestras instituciones y los diversos agentes sociales para afrontar con coherencia y eficacia este fenómeno?

Los términos de coherencia y eficacia que se recogen en la pregunta me parecen claves, esenciales.

El alcohol es una droga legal de gran tradición entre nosotros. Socialmente no sólo no está mal visto beber (al menos dentro de un orden) sino que puede ser visto como una forma de integración en el grupo. Mientras esto sea así, lo que habrá que destacar son las graves consecuencias que los consumos precoces o los consumos compulsivos de alcohol pueden tener en una persona joven, todavía en crecimiento.

El objetivo más deseable será siempre que no se consuma nada pero, al mismo tiempo, habrá que perseguir también otros objetivos: retrasar el inicio del consumo de alcohol tanto como se pueda, por ejemplo, o reducir al máximo los consumos de grave riesgo. La realidad nos muestra que, afortunadamente, una parte significativa de la población menor de edad no consume alcohol o lo hace muy esporádicamente. Pero también nos muestra que, por desgracia, otra parte de ese sector de la población se emborracha o practica consumos de alcohol que ponen en grave riesgo su salud, a veces reiteradamente (todos los fines de semana…). Las intervenciones de las instituciones y de los agentes sociales deben tomar en consideración esa disparidad de situaciones y dar al consumo de alcohol la importancia y el valor que, por los hechos y por sus consecuencias, le corresponden en una política de prevención.

Señala el informe la necesidad de seguir apostando por la prevención universal, a la que recomienda incorporar una apuesta más clara por la evaluación. ¿Podría detallar este planteamiento?

Afortunadamente, en materia de prevención, y sobre todo en los programas de prevención dirigidos al conjunto de la población, existe en nuestra Comunidad una tradición de varias décadas. Pero no siempre se evalúan –no siempre es fácil hacerlo- los resultados que se logran con ellos. La evaluación sistemática permitiría priorizar aquellos programas de mayor eficacia, revisar y reenfocar otros, e incluso suprimir los que se muestren claramente ineficaces.

El informe ofrece un capítulo de “experiencias” de buenas prácticas tomadas de diferentes países. Se trata de experiencias evaluadas positivamente, de probada eficacia.

Recomienda que junto con la consolidación de la prevención universal se haga un esfuerzo en la prevención selectiva. ¿Puede explicar esta propuesta?

Los datos muestran con contundencia que las prácticas de mayor riesgo se concentran en determinadas personas o, incluso, en determinados sectores de la población adolescente. Esto permite diferenciar cuáles son los factores de riesgo y, por tanto, poder incidir sobre ellos. Una de las principales conclusiones y propuestas del informe es que hay que insistir y mejorar, precisamente, en el trabajo de prevención con esos sectores de especial riesgo, desarrollando factores de protección.

Ante el próximo cambio legislativo en materia de tabaco, ¿cómo deberíamos valorar la prohibición de fumar en espacios públicos en clave de ejercicio de derechos, también por parte de la infancia?

Como un paso adelante –que ya se ha dado en otros países- que debe favorecer la coexistencia entre personas fumadoras y no fumadoras, y con importantes consecuencias positivas para la población menor y sus derechos. Piénsese, por ejemplo, en esos bebés o esas criaturas muy pequeñas que, a veces, se ven en espacios públicos llenos de humo.

También aquí habrá que poner los medios y ser consecuente para lograr el efectivo cumplimiento de la ley.

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